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Residencia fiscal en España y sus consecuencias

Las personas físicas residentes en España están sujetas a tributación en función de su residencia así como de la obtención de renta en territorio español. A diferencia de los no residentes que tributan exclusivamente por las rentas e incrementos de patrimonio obtenidos en territorio español, las personas físicas residentes tributan por las rentas obtenidas a nivel mundial. Si está considerando trasladar su residencia a España, vale la pena conocer cuales serán sus obligaciones fiscales con carácter previo a su llegada. No pierda la oportunidad de hablar con uno de nuestros expertos si desea conocer más acerca del contenido de este post.

La residencia en España:


Tiene la consideración de residente fiscal en España la persona física que permanezca más de 183 días al año en España; o bien, que tenga su centro de intereses económicos en dicho territorio. Asimismo, existe una presunción de residencia en España cuando el cónyuge e hijos menores dependientes del contribuyente viven en este país. Esta presunción, no obstante, admite prueba en contrario.


La residencia se determina sobre la base de un año completo, ya que en España no se reconoce el cambio de residencia durante un año fiscal.


No obstante, las personas físicas nacionales españoles que trasladen su residencia fiscal a un territorio calificado como un paraíso fiscal, mantienen la residencia en España durante el año de salida y los cuatro siguientes.


El Impuesto sobre la renta de las Personas Físicas:


Las personas físicas residentes en España están sujetas al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre su renta mundial, con tipos de gravamen progresivos que varían en función de la Comunidad Autónoma en la que residen.

Las rentas del contribuyente se clasifican, a efectos del cálculo del impuesto, como renta general y renta del ahorro. Entre las primeras, se incluyen las rentas del trabajo y del capital inmobiliario, por ejemplo y pueden llegar a tributar hasta un tipo máximo del 48%. Respecto de las rentas del ahorro, se incluyen rendimientos del capital mobiliario (intereses o dividendos, por ejemplo) así como las ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión de elementos patrimoniales. Este último tipo de rentas se sujetan a una escala con tipos de tributación más reducidos y que, actualmente, oscilan entre el 19% y el 23%.

 

El Impuesto sobre el Patrimonio:


Las personas físicas residentes en España son también sujetos pasivos del Impuesto sobre el Patrimonio. Se grava la totalidad del patrimonio neto del sujeto pasivo (patrimonio mundial), con independencia del lugar donde estén situados los bienes o puedan ejercitarse los derechos. Por patrimonio neto de las personas físicas se entiende el conjunto de bienes y derechos de contenido económico de que sea titular una persona física, con deducción de las cargas y gravámenes que disminuyan su valor, así como de las deudas y obligaciones personales de las que deba responder el sujeto pasivo.

 

El devengo del impuesto se produce el 31 de diciembre de cada año, y afecta al patrimonio del cual sea titular el sujeto pasivo en dicha fecha.

 

Las distintas Comunidades Autónomas tienen la potestad de regular aspectos específicos de dicho Impuesto, como son los tipos impositivos o la aplicabilidad de determinadas bonificaciones y exenciones. Los tipos pueden oscilar entre el 0,2% y el 3% para un patrimonio neto superior a 10,7 millones de euros.


Respecto del ejercicio 2018, estarán obligados a presentar declaración los sujetos pasivos en los que concurra cualquiera de las siguientes circunstancias:

 

– su cuota tributaria, una vez aplicadas las correspondientes deducciones o bonificaciones, resulte a ingresar;
– cuando, no dándose la anterior circunstancia, el valor de sus bienes o derechos, determinado de acuerdo con las normas reguladoras del impuesto, resulte superior a 2.000.000 euros.

 

Existe la posibilidad de reducir el perjudicial gravamen que supone este impuesto mediante la correcta canalización de inversiones o la monitorización de las fechas de devengo de rentas. Es por ello que un buen consejo y a tiempo puede suponer un ahorro fiscal significativo.


Obligaciones de información sobre los activos situados en el extranjero:


Los residentes fiscales españoles tienen la obligación de declarar sus activos y derechos que se encuentren situados en el extranjero, siempre y cuando, cada uno de los grupos que se señalan a continuación, de forma independiente, ascienda a un valor superior a 50.000,00 euros.


Existen tres obligaciones de información que se articulan a través de un mismo modelo informativo (el Modelo 720):


- Cuentas en entidades financieras situadas en el extranjero.
- Valores, derechos, seguros y rentas depositados, gestionados u obtenidas en el extranjero.
- Bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles situados en el extranjero

 

Una vez presentada la declaración del Modelo 720 respecto de una o varias de las obligaciones de información contenidas en el mismo, solamente deberá volver a presentarse este Modelo, cuando en relación con una o varias de estas obligaciones se produzca un incremento del límite conjunto establecido para cada bloque de información superior a 20.000 euros respecto del que determinó la presentación de la última declaración.

 

En el supuesto de que no se presente declaración informativa existiendo obligación, la sanción mínima si se incumplen las tres obligaciones de información, es de 30.000 €. En el caso de que se incumpla una sola obligación de información, la sanción mínima es de 10.000 €.

 

Con independencia de las sanciones por el incumplimiento de la obligación formal, de acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del artículo 39 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, “en todo caso tendrán la consideración de ganancias de patrimonio no justificadas y se integrarán en la base liquidable general del periodo impositivo más antiguo entre los no prescritos susceptible de regularización, la tenencia, declaración o adquisición de bienes o derechos respecto de los que no se hubiera cumplido en el plazo establecido al efecto la obligación de información a que se refiere la disposición adicional decimoctava de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. No obstante, no resultará de aplicación lo previsto en este apartado cuando el contribuyente acredite que la titularidad de los bienes o derechos corresponde con rentas declaradas, o bien con rentas obtenidas en periodos impositivos respecto de los cuales no tuviese la condición de contribuyente por este Impuesto.”

 

Las declaraciones de impuestos que se deben presentar:


Por lo que respecta al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y al Impuesto sobre el Patrimonio, los contribuyentes tienen la obligación de autoliquidar y pagar las cuotas resultantes de los mismos.


De forma recurrente y una vez finalizado cada año natural, las personas físicas que tengan la consideración de residentes fiscales españoles en un determinado ejercicio están obligadas a:


- Autoliquidar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el Impuesto sobre el Patrimonio en el período comprendido entre abril y junio del año siguiente a aquel que se declara.
- Informar sobre los activos que posean en el extranjero, entre los meses de enero y marzo del año siguiente a aquel que se declara.

 

Tal y como se ha apuntado en apartados anteriores, el incumplimiento de las obligaciones mencionadas puede estar sujeto a graves sanciones fiscales.


Por ello y para evitar posibles incumplimientos, recomendamos apoyarse en un buen asesoramiento que le permita conocer de antemano si Ud. puede tener la calificación de residente fiscal en España, durante un ejercicio fiscal considerado así como verificar sus obligaciones fiscales en nuestro país.


 

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